Para no olvidar: A 28 años de la Masacre de La Cantuta

Tras casi tres décadas del atentado en La Cantuta, los familiares de las víctimas siguen en busca de justicia.

Redacción: Nidia Lopez

El 18 de julio de 1992 nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) fueron secuestrados y posteriormente asesinados por el grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un caso impactante en la memoria de los peruanos y aún más en la de los familiares de las víctimas, quienes siguen a la espera de justicia.

Las víctimas fueron Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Hugo Muñoz Sánchez (profesor).

Cabe recordar que La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que este episodio ocurrió en el marco de una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas realizadas por agentes del Estado como parte de la estrategia antisubversiva contra grupos terroristas. Del mismo modo, la Corte Suprema señaló, categóricamente, que los agraviados no eran terroristas.

El hallazgo de los cuerpos de las víctimas

Los desaparecidos habían sido enterrados inicialmente en un campo de tiro de la Policía, pero cuando se hizo pública la denuncia desenterraron los cuerpos, los calcinaron y los volvieron a enterrar, pero esta vez en la quebrada de Chavilca en Cieneguilla. Fue el reciclador Justo Aripazana, quien en julio de 1993 encontró casualmente los restos de cincos de los desaparecidos, posteriormente dibujó el croquis que sirvió para ubicar las cuatro fosas donde yacían los cadáveres.



Proceso judicial

En mayo de 1994 los responsables fueron condenados a 20 años de prisión el Mayor Santiago Martín Rivas, y los Sub Oficiales EP Nelson Carvajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. Pero en junio de 1995 a causa de una ley de amnistía aprobada por el Congreso, los condenados quedaron en libertad. Tras este hecho, los familiares de las víctimas presentaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el tribunal calificó el hecho como crimen de lesa humanidad y que las leyes de amnistía dictadas eran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto no tenían validez.

En el 2009 Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión; y entre el 2008 y 2013 se emitieron sentencias a algunos de los responsables cuyas penas varían entre 25 y 35 años de prisión.

Una búsqueda incansable de justicia

Han pasado 28 años, pero el caso de La Cantuta aún no está finiquitado. La Sala Penal Nacional ha acumulado este caso junto al de Pativilca y está pendiente el juicio a 12 procesados, entre ellos el juicio oral a Vladimiro Montesinos; mientras algunos se encuentran prófugos de la justicia. Además, varios de los sentenciados, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori, no han cumplido en pagar por reparación civil a los deudos de las víctimas; y el Estado no ha culminado de pagar lo impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, los restos de Felipe Flores Chipana, Heráclides Pablo Mesa, Dora Oyague Fierro, Armando Amaro Condor, y Robert Teodoro Espinoza, víctimas del atentado, siguen sin ser hallados, los familiares no han podido darles un entierro digno y el Estado parece haberlos olvidado. Cuatro de los padres de las víctimas, ya han fallecido, otros son ya mayores de 65 años que esperan partir de este mundo pudiendo hacer justicia.